Bill de Blasio prometió al tomar las llaves de Nueva York que iba a terminar con la desigualdad que partía la ciudad entre pobres y ricos. Para eso tuvo como como prioridad combatir la crisis que afrontaba la mayor metrópoli de los Estados Unidos por el incremento de las personas sin techo. Casi seis años después, el demócrata es criticado por otros alcaldes por un programa que le permitió exportar a miles de familias sin hogar a otras localidades por todo el país.

El controvertido programa de asistencia especial única (SOTA, por sus siglas en inglés) forma parte del Departamento de Servicios a Personas sin Hogar (DHS). De acuerdo con la información revelada por la prensa local, la ciudad destinó 89 millones de dólares para cubrir el transporte, el alquiler de un año y los muebles de 12.482 personas que se mudaron de la ciudad. Eso equivale a unas 5070 familias desde que el programa especial de asistencia única se activó en agosto de 2017.

La ciudad los desplegó por más de 370 localidades en 32 estados, incluidos territorios remotos como Puerto Rico o Hawaii. Las autoridades de Nueva York nunca informaron a las lugares receptores sobre el estado financiero de los nuevos residentes que recibían. La relocalización se hace, además, sin que el beneficiario tenga que demostrar un vínculo con la comunidad de destino. Newark, al otro lado del río Hudson en Nueva Jersey, identificó a 1200 familias que forman parte de este plan. Ahora se dispone a adoptar una orden municipal para prohibir que su vecina le siga mandando personas sin techo. El alcalde de Mount Vermont, André Wallace, en el condado de Westchester, también le exigió a Bill de Blasio que se haga cargo de esas personas.

La Coalición para las Personas sin Hogar cuantifica en 63.840 las personas sin hogar en la ciudad de Nueva York. El recuento se hace cada enero. Las cifras, indican desde la organización, no pararon de crecer con Bill de Blasio. En el caso de los hombres adultos se duplicó en número durante los últimos 10 años, hasta superar los 18.000 individuos. Las familias pasaron de 9600 a 15.000 en ese lapso.

Algunas de las personas trasladadas llegaron hasta Honolulu, a casi 5000 kilómetros de Nueva York. El demócrata John Mizuno, que preside el comité de Salud Pública del Senado de Hawaii, escribió al fiscal general de los Estados Unidos para que revise la legalidad de la política seguida por Nueva York. Considera que el programa “no garantiza la seguridad, el bienestar y el apoyo que necesitan” estas personas desplazadas. “Es una receta para el desastre”, augura. Hawái cuenta con un programa similar.

Las autoridades de Irvington en Nueva Jersey lamentan por su parte la falta de coordinación y supervisión. Tony Vauss, su alcalde, insiste en que las personas sin hogar son “ciudadanos vulnerables” que requieren atención permanente. Cuando la ayuda desaparece, son los receptores los que deben hacerse cargo.

La gravedad de la crisis, señalan desde la coalición, “no es una sorpresa”. Se puede comprobar pasando frente al refugio para hombres que gestiona Basic Housing en el barrio del Upper West Side. Es un hervidero de gente que entra y sale del complejo. Hace unos años ofrecía departamentos a turistas. Se incorporó al sistema para responder al aumento de la población de personas sin techo. Los expertos del Manhattan Institute señalan que este programa refleja la “desesperación” por tratar de reducir el censo de los sin techo. Y aunque trasladarlos a otras localidades donde la vivienda tiene un precio más barato puede ser de ayuda, desde la Coalición de Personas sin Hogar se advierte de que no es una opción realista para personas que no pueden ser autosuficientes cuando termina el subsidio.

“Es injusto que la ciudad más grande de los Estados Unidos aborde el problema de las personas sin hogar enviándolas a otras comunidades sin avisarlas”, lamenta el alcalde de Yonkers, Mike Spano. Esta localidad en los suburbios de Nueva York recibió a más de 130 familias, aunque no tuvieron nunca una notificación oficial. La solución, coinciden los dirigentes, no es enviar a estas personas a otras ciudades. El DHS niega estar “exportando” a estas familias e insiste en que el programa está diseñado para ayudarlos a encontrar una vivienda para que puedan iniciar una nueva vida. Para justificarlo, explica que recibirlos en los refugios administrados por la ciudad cuesta hasta 70.000 dólares para una familia con hijos, mientras que pagarles un alquiler en otra ciudad ronda los 17.500 dólares.

El argumento del ahorro para el contribuyente, sin embargo, es cuestionable y no solo porque se transfiere el costo a otras ciudades. El 35% de los beneficiarios de este programa de asistencia se mudó en los límites del área metropolitana, donde los alquileres son más altos. Y muchos, además, vuelven a los refugios en Nueva York a los pocos meses por las malas condiciones de las viviendas. El Senado del Estado de Nueva York está investigando el programa de asistencia a raíz de las numerosas protestas. También lo está haciendo el propio Ayuntamiento, tras detectar “vulnerabilidades severas” en su ejecución y las responsabilidades que asumen los propietarios de las viviendas sociales.

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